En medio de un ambiente de intensa deliberación, el salón azul del gobierno provincial de Holguín cobró vida esta semana con la discusión de la "Ley de Procedimiento Administrativo" por parte de los Diputados a la Asamblea Nacional. Este encuentro marcó un nuevo capítulo en el proceso democrático del país, al abordar una normativa clave para el fortalecimiento de la legalidad y la seguridad jurídica en Cuba.
La constitución cubana, en su artículo 94, consagra el derecho a un debido proceso, estableciendo un pilar fundamental para el funcionamiento justo y transparente del ámbito administrativo. Este principio garantiza a los ciudadanos protección contra arbitrariedades, subrayando la importancia de la seguridad jurídica y el cumplimiento de la ley.
El artículo 9 refuerza este concepto al señalar el deber ineludible de los órganos estatales y sus representantes de adherirse a la legalidad socialista y supervisar su observancia en la vida social. A su vez, el artículo 61 subraya la obligación de las administraciones públicas de responder de manera oportuna y adecuada a las consultas y necesidades de la población.
Frente a estos mandatos constitucionales, se hace evidente la necesidad de actualizar y mejorar el marco legal que rige los procedimientos administrativos. Así surge la "Ley del Procedimiento Administrativo", elaborada por un grupo de trabajo temporal bajo la coordinación del Ministerio de Justicia. Tras un esfuerzo considerable y debates en diversas instancias, la iniciativa fue presentada y aprobada por el Consejo de Ministros para su discusión en la Asamblea Nacional, siguiendo el Cronograma Legislativo de la X Legislatura.
Dicha inclusión dio como fruto modificaciones significativas, como la adición de nuevos artículos y disposiciones, y la eliminación de otros. En total, se recibieron 138 criterios, de los cuales 71 fueron aceptados, 10 parcialmente aceptados y 57 no aceptados. Estas cifras evidencian la participación ciudadana y la transparencia del proceso democrático de Cuba.
La implementación de esta ley promete revolucionar el funcionamiento de la administración pública, al concentrar en una sola normativa jurídica los contenidos que antes se hallaban dispersos. La nueva ley apunta a una gestión administrativa más eficaz y eficiente, donde se salvaguarda el cumplimiento de la legalidad y se protegen los derechos de los ciudadanos.
Los cambios que la "Ley de Procedimiento Administrativo" introduce son un paso adelante para corregir prácticas administrativas ineficientes como la demora en los plazos, la solicitud de documentos innecesarios y la falta de acceso a la información en expedientes administrativos. Asimismo, se espera que esta ley contribuya a la reducción de litigios judiciales y elimine el burocratismo que tantas veces entorpece la gestión pública.
La "Ley de Procedimiento Administrativo" se alza así como un hito fundamental para el avance del país, confirmando el compromiso de Holguín y de Cuba con un sistema administrativo moderno, transparente y al servicio del pueblo.
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