Un necesario encuentro sobre la implementación por las Oficinas de Control y Cobro de Multas de los Decretos 30 y 31 del 2021 en la provincia de Holguín se realizó este nueve de febrero en la sede del Gobierno Provincial, con la presidencia de Julio César Estupiñán Rodríguez y Yunia Pérez Hernández, gobernador y vice-gobernadora, respectivamente.
La directora de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, Yéxika Pérez Torres, resaltó los contenidos de estos dos decretos y pidió que se envíen opiniones para su remisión a La Habana y final aprobación.
Resaltó que las multas las pagan los infractores, no las entidades, sea estatal o por cuenta propia; incluso, que nadie podrá salir al extranjero si no ha pagado su cuota correspondiente.
Explicó que cada multa vence a los 30 días, que a partir de esa fecha se duplica, pero que a los 60 días ya se pasa a los tribunales.
En un inicio la Vice-gobernadora explicó que había faltado mayor divulgación de este accionar como parte de la Tarea Ordenamiento.
Orientó divulgar a través de los Portales del Ciudadano y las redes sociales para que el pueblo conozca cuánto se ha hecho, pero también cuánto puede contribuir en el combate a las ilegalidades que tanto irritan a la población.
Por esta razón, se pasó revista a la situación actual en los 14 municipios y los organismos provinciales sobre la implementación de los nuevos decretos 30 y 31 del 2021.
El Gobernador, Julio César Estupiñán Rodríguez, acotó que en este inicio el accionar había sido muy lento, de ahí que pidiera a cada representante explicasen vía telemática las razones de tan endeble arranque en el enfrentamiento a las ilegalidades que afectan al pueblo.
El Gobernador, que exigió mayor entrega a todos los encargados sobre todo en aquellos territorios con muy pobre desempeño en este inicio, destacó el trabajo incipiente de los inspectores de los municipios Calixto García, Banes y Holguín, quienes han multado por alteración de precios, por comercializar por debajo de gramaje, y no acatar medidas higiénico-sanitarias exigidas en el enfrentamiento a la covid-19.
En el caso del municipio Calixto García las multas que suman varios miles de pesos en su totalidad, sirvieron además de ejemplo para que otros no cometan los mismo errores al comercializar violando precios o por debajo del peso establecido, en bodegas, puntos de venta de cooperativas y cafeterías.
Se constató que ante el llamado de atención los inspectores y dirigentes en cada uno de los municipios apreciaron que no habían actuado a la altura del momento ante las exigencias de la Tarea Ordenamiento, pues las multas no son un capricho, son una necesaria respuesta frente al accionar de violadores de la ley.
El Gobernador resaltó que si se multan a los violadores, habrá mayor legalidad y disciplina al replicarse las noticias, habrá un mejor suministro a los mercados a los precios aprobados y para satisfacción de la población, tal como ocurrió este fin de semana en el mercado Los Chinos cuando se decomisó una carga ilegal de plátano macho procedente del Consejo Popular de Velasco, municipio de Gibara, cuya carga fue vendido a personas con dietas médicas.
En una necesaria intervención Alberto Leyva Rojas, el coordinador que atiende los programas de la economía y sus órganos globales en el Gobierno Provincial, remarcó que era el momento de actuar con firmeza e inteligencia, pues la opinión popular es la que dice dónde están ocurriendo violaciones, y es ahí donde salen los inspectores de cada entidad encargada.
Pidió que haya correspondencia entre multas aplicadas y cobradas, y recomendó trabajar con el Sistema de denuncias y de Opinión del pueblo, como dos buenas fuentes de información.
Por eso, se destacó el accionar de dos inspectores de la DIS (Dirección de Inspección y Supervisión) cuyo trabajo merece sea destacado.
Ambos compañeros procedieron sobre un comerciante por cuenta propia que anteriormente estuvo vendiendo a ochenta pesos la libra de carne de cerdo, pero este febrero siete fue sorprendido a tiempo para beneplácito del pueblo.
Los inspectores le computaron 580 libras y media de esta apreciada carne, pero le exigieron la venta forzosa de la misma al precio estipulado de 50 pesos.
La venta de cuatro libras por cada persona benefició a más de 90 clientes, entre ellos una trabajadora jubilada de la Salud y fundadora del hospital Lenin.
Hasta ahí todo marchaba bien cuando los inspectores detectaron que la balanza no juagaba con el fiel, se buscó una pesa bien calibrada y se comprobó que este comerciante cobraba cinco libras pero que en realidad vendía cuatro.
La alegría popular no se hizo esperar; aunque solo dos individuos en motos con la nota discordante al filmar la actuación de los inspectores de la DIS, quienes a su vez fueron filmados y por eso pusieron pie en polvorosa.
Sin dudas los Decretos 30 y 31 del 2021 llegan en momento oportuno, para que se cumpla el refrán popular de que tiene la culpa tanto el que mata la vaca como el que le aguanta la pata.
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